
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido los daños ecológicos causados por la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán y ha planteado la necesidad de una restauración integral. Además, anunció su intención de declarar el sistema de cavernas y cenotes de Quintana Roo como área natural protegida.
Durante un encuentro con medios de comunicación y líderes del sector ambiental, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, explicó que entre las medidas contempladas en el plan de restauración se encuentra el retiro de mallas innecesarias que afectan la movilidad de la fauna y la mejora de los pasos para animales.
También se prevé la reforestación con el apoyo de las comunidades locales, la restauración de manglares degradados y la regeneración de la selva en colaboración con productores locales.
Sin embargo, aún no se han definido fechas ni un presupuesto específico para la ejecución de estas acciones. La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, señaló que los costos de la restauración deberán ser cubiertos por quienes participaron en la construcción del megaproyecto: “Tiene que pagar quien hizo la obra”, afirmó.
Por su parte, el colectivo ambientalista Sélvame del Tren, que desde 2022 ha denunciado los riesgos del proyecto, celebró que finalmente se atiendan algunas de sus demandas, aunque aseguró que seguirá vigilante ante las acciones que emprendan las autoridades. “Seguiremos en la denuncia y colaboración porque lo que más nos interesa es evitar más ecocidio y mitigar la mayor cantidad del daño”, señalaron en un comunicado.
El Tren Maya ha sido uno de los mayores desafíos ambientales del país, con la tala de millones de árboles y la alteración de ecosistemas sensibles. En 2024, un tribunal federal ordenó suspender las obras del tramo 5 sur en Quintana Roo debido a su impacto en el subsuelo.
Pese a ello, la construcción continuó sin estudios científicos concluyentes sobre su impacto ambiental. Ahora, tras cinco años de obra y resistencia a reconocer los daños, el Gobierno ha dado un giro en su postura y plantea medidas de restauración y conservación.