En Puerto Morelos, los padres y madres de familia se tuvieron que amparar para proteger más de 300 metros cuadrados de predio que ocupa la escuela secundaria técnica número 7 “Primero de junio”, que la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) y el Ayuntamiento de Puerto Morelos, intentaban persuadir para convertirlo en una ventana al mar con fines comerciales.

El terreno en disputa, se encuentra a un costado de las aulas de esta escuela colindante con el mar sobre la avenida Rafael E. Melgar, en una zona de alta plusvalía.

El Ayuntamiento de Puerto Morelos, intentó el ciclo escolar pasado negociar con los padres y madres de la Mesa directiva de dicho plantel y miembros de la sociedad civil para ceder el predio que mide 15.1 metros de ancho por más de 20 metros de fondo y transformarlo en una entrada para retirar sargazo; bajo engaños, éstos firmaron una hoja de pase de lista, que fue considerado como su aval al proyecto.

El proyecto ahora, se denomina “ventana al mar”, pero requeriría un cambio de uso de suelo, puesto que dicho predio está especificado para fines educativos.

En una reunión reciente en la que participó el titular de Agepro, José Alberto Alonso Ovando, éste les indicó que se trata de una inversión del gobierno del Estado y no del Ayuntamiento de Puerto Morelos, aunque el proyecto llevaba el logotipo municipal y la leyenda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, así como del IMPLAN.

En la reunión también estuvo presente la directora del Parque Nacional de Arrecife de Puerto Morelos, María del Carmen Rivas García, quien destacó que en ese sitio se localiza un refugio de dunas costeras y que se trabaja en un vivero con fines pedagógicos.

“Para cualquier proyecto se requiere una Manifestación de Impacto Ambiental, y tampoco se ha presentado, en ese sentido, el valor ambiental y educativo del terreno es importante”, destacó la ambientalista.

Los padres y madres, promovieron ante las autoridades federales un amparo para evitar que la Agepro ocupe el área.

José Alberto Alonso Ovando reconoció en la reunión que no hubo socialización del proyecto, y reiteró que se trata de un bien público y que para transformarlo tendría que intervenir el Congreso.

Insistió en que la Agepro respondía a una solicitud de padres de familia, de la que después “se enteró que era un pase de lista”.

“Es un plan con maña”, dijo uno de los padres de familia al acotar que no se les ha garantizado que, en diciembre durante el periodo vacacional no habrá un madruguete para iniciar obras de construcción en dicho terreno.

“Es ilegal cambiar el uso de suelo de la escuela, la vocación del terreno es educativa y es ilegal cambiarla, se requiere que el Congreso lo autorice, en el momento que ustedes nos dejen claro y acepten que lo hicieron ilegalmente, en ese momento vamos a asegurarlo, esa vocación no puede cambiar”, señaló otra madre de familia.