Exigiendo verdad, justicia y reparación del daño en relación al tercer aniversario de los hechos represivos del 9 de noviembre de 2020, donde elementos de seguridad pública municipal y estatal violentaron a la ciudadanía en protesta por el feminicidio de Alexis, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Amnistía Internacional y el Comité de Víctimas del 9 de Noviembre, hicieron un pronunciamiento exigiendo el cese a la impunidad.
Las víctimas acusan que a tres años, el acceso a la reparación integral del daño se ha convertido en una odisea judicial.
Aunque la Comisión de Atención Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO) ha emitido dictámenes de reparación integral del daño que ilegalmente han sido invalidados por juzgados federales, por sus evidentes inconsistencias y violaciones al debido proceso, hasta el momento, ninguna de las integrantes del Comité de Víctimas del 9 de Noviembre ha logrado acceder a una reparación integral del daño adecuada.
En este sentido, se recuerda la recomendación CDHEOR00/20/2020/IL emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, que destacó las flagrantes violaciones a los derechos humanos a la reunión, manifestación y libre expresión, así como a la libertad, seguridad, e integridad personal en su modalidad de trato cruel o degradante.
Además, la Recomendación ordenó a las autoridades responsables reparar integralmente el daño causado a las víctimas.
Acusaron también que en lo referente a las investigaciones penales, la Fiscalía de Quintana Roo aún no ha logrado establecer responsabilidades penales para los perpetradores de los actos de represión.
Por ello, el Comité 9N y las organizaciones, hacen un llamado urgente al Ayuntamiento de Benito Juárez, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía de Quintana Roo, a la CEAVEQROO, al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, para que garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral del daño.
En este orden, han pedido a la Fiscalía General reanudar las mesas de trabajo, con las víctimas del 9N y la participación del Gobierno de Quintana Roo, para fortalecer las investigaciones penales y garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.