En una reciente declaración, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, abordó con firmeza el caso del asesinato de la enfermera Dulce Yarely Flores Monje, ocurrido en Chetumal y que ha conmocionado a la comunidad.

La gobernadora subrayó la determinación del gobierno estatal de hacer que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.

«Quiero dejarlo muy claro: esos actos deplorables e inhumanos en nuestro estado encontrarán todo el peso de la ley,» afirmó Lezama en una intervención ante los medios.

Destacó que el presunto responsable del feminicidio, Edwin Jesús «N», fue detenido en las primeras horas tras el crimen, gracias a la rápida respuesta de las autoridades locales.

La gobernadora informó que la detención del sospechoso fue un resultado de la eficaz coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder Judicial.

«Hoy lo discutimos en nuestra mesa de seguridad, que se reúne a diario. La Fiscalía ha aportado todos los elementos necesarios para que el presunto responsable enfrente la justicia,» explicó Mara Lezama.

La gobernadora también enfatizó que el seguimiento al caso fue diligente, con una investigación que avanzó rápidamente para asegurar la captura del agresor: «Fueron unas horas nada más en las que se hizo la investigación y se dio el seguimiento necesario para detener al presunto responsable. La coordinación fue fundamental,» aseguró.

La gobernadora reafirmó el compromiso del gobierno con la justicia y el bienestar de los ciudadanos. «Dejarlo muy claro: quien comete un hecho delictivo de esta naturaleza, que infringe la ley, siempre enfrentará la justicia. Este es el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo,» concluyó Lezama.

Actualmente, el presunto responsable se encuentra a disposición del Poder Judicial, y las autoridades esperan que el proceso judicial se lleve a cabo con la mayor brevedad y severidad posible, en consonancia con el compromiso de la administración estatal de erradicar la impunidad y garantizar la seguridad en la región.

La Fiscalía General del Estado ha informado que solicitará la pena máxima, que podría alcanzar hasta 50 años de prisión.