El Instituto Nacional de Migración estableció comunicación directa con las 432 personas implicadas, valiéndose de agentes migratorios especializados en traducción para aquellas personas que los requirieran.
La Secretaría de Gobernación publicó la tarde de este jueves un comunicado en el cuál explica el desalojo la noche del miércoles de un campamento de migrantes ubicado en plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
El hecho, dado a conocer inicialmente por videos difundidos en redes sociales, implica a personas con estatus migratorio irregular en la capital que fueron subidas a autobuses por las fuerzas del orden, sin conocerse el destino o situación migratoria específica de estas personas.
Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre los migrantes, a lo que contestó que “no hay deportación” y que más tarde se publicaría un comunicado aclarando las dudas referentes al tema.
Según se lee en el documento compartido por Gobernación, lo que se realizó fueron “labores de convencimiento para trasladarse a albergues y espacios del INM, con el objetivo de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria”.
Según informan, el Instituto estableció comunicación directa con las 432 personas implicadas, valiéndose de agentes migratorios especializados en traducción para aquellas personas que los requirieran.
De estas 432, 83 aceptaron trasladarse voluntariamente a espacios del INM en Morelos (76) y México (7). Nueve fueron enviados a Oficinas de Regularización del INM en la CDMX. Siete fueron trasladadas a un albergue en la capital; de estos, tres son menores de edad.
Por otra parte, dieron a conocer que 99 personas recibieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), la cuál regulariza su estatus por un año.
El TVRH, fue entregado a personas con nacionalidad brasileña, chilena, colombiana, ecuatoriana, salvadoreña, haitiana, hondureña, nicaragüense, peruana y venezolana. Entre los habitantes de este campamento también había personas mexicanas que lo usaban para pernoctar.
Las personas que no aceptaron su traslado a espacios del INM, “decidieron retirarse por su propio pie” debido a que no contaban con los documentos migratorios necesarios.
Finalmente, se informó que las personas extranjeras que vivían ahí, pagaban una cuota a un”dirigente territorial” para tener un lugar en el campamento de entre 200 y 600 pesos.
“El Gobierno refrenda el compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes y continúa en estricto apego a derecho para alcanzar una migración segura, ordenada y regular”, cierra el mensaje, publicado apenas un par de días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicara un decreto para combatir la migración ilegal que llega desde la delimitación geográfica con México”, enuncia el comunicado oficial.
Con información de Aristegui Noticias.
