Nicolás renunció a su cargo de diputado de la asamblea del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, y dijo que su decisión de colaborar con la justicia es libre, pese a que su padre denunció presuntas presiones.
La Fiscalía y la defensa pidieron el viernes casa por cárcel para el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y quien desató un escándalo político al denunciar que la campaña que llevó al poder a su padre recibió financiación ilegal.
Nicolás Petro, de 37 años, fue capturado el fin de semana en Barranquilla junto con su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez, quien en marzo aseguró que dos personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico le entregaron a su entonces cónyuge dinero en efectivo para apoyar la campaña presidencial.
De acuerdo con esa declaración, el primogénito del presidente se habría comprometido a incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre.
El fiscal Mario Burgos reveló el jueves que el hijo del mandatario reconoció que en el 2022 recibió el dinero, gastó una parte con su exesposa, mientras que el resto ingresó a la campaña presidencial de su padre.
Nicolás renunció a su cargo de diputado de la asamblea del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, y dijo que su decisión de colaborar con la justicia es libre, pese a que su padre denunció presuntas presiones.
“Mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión”, aseguró el hijo del presidente el jueves en la noche durante la audiencia.
El fiscal Burgos solicitó casa por cárcel para Nicolás por su decisión de colaborar con la justicia y pidió que su exesposa continúe libre en el proceso.
El abogado defensor del hijo del presidente, David Teleki, respaldó la solicitud de arresto domiciliario para su cliente.
“Apoyamos esta petición. Así las cosas, espero que mi defendido se encuentre en su lugar de habitación para que siga colaborando”, aseguró.
El juez del caso dará a conocer su decisión hacia las 18.00 hora local (2300 GMT).
Nadie por encima de la ley
El presidente negó tener conocimiento de la financiación ilegal de su campaña y anunció que continuará con su Gobierno hasta el 2026, pese a que el escándalo podría obstaculizar su agenda de reformas sociales, así como sus esfuerzos para buscar la paz y poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450,000 muertos.
En un comunicado a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el mandatario, un economista de 63 años, dijo que recibió con dolor las informaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.
“Nadie puede estar por encima de la ley y la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con debido proceso y todas las garantías constitucionales”, afirmó el presidente, quien reiteró que mantendrá la lucha contra la corrupción y que “continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”.
Nicolás Petro podría ser condenado a entre 12 y 20 años de prisión de ser condenado en juicio, según abogados expertos en derecho penal.
Aunque inicialmente el hijo del presidente no aceptó cargos, su decisión de colaborar con la justicia lo podría beneficiar con una reducción significativa de su sentencia o con inmunidad penal, explicaron expertos.
Las investigaciones de la Fiscalía General revelaron que Nicolás Petro al parecer recibió unos 386,000 dólares con los que compró propiedades, vehículos y lujos, sin justificar esos ingresos debido a que su salario como diputado solo era de 4,800 dólares mensuales.
Petro ganó en junio del 2022 la presidencia de Colombia en una segunda vuelta en la que derrotó al empresario Rodolfo Hernández.
El presidente no cuenta actualmente con una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas sociales y sus esfuerzos para lograr una paz total después de que la alianza conformada por partidos de izquierda, centro e incluso de derecha que lo respaldaba se desintegró a finales de abril.
Analistas y políticos sostienen que esa situación sumada al escándalo de su hijo podría afectar su gobernabilidad y reducir aún más su apoyo que ha caído desde que asumió el poder, según las encuestas.
No es la primera vez que el país sudamericano enfrenta una crisis política por la financiación de campañas electorales con dinero de procedencia ilegal.
Con información de Aristegui Noticias.